«Ni a Miguel Henrique Otero como persona natural ni El Nacional como persona jurídica se les permite hacer ningún tipo de operación ante el Registro Público. No pueden vender, no pueden ceder, no pueden traspasar, etc. Esto es una verdadera arbitrariedad porque no existe ninguna situación jurídica que así lo obligue», denunció Juan Garantón, abogado del diario El Nacional.
Por elnacional.com
Garantón sostuvo que la medida no tiene fundamento legal e insistió en que se trata de una arbitrariedad. «Esto no tiene sentido. Más allá de cualquier situación jurídica, se trata de una arbitrariedad porque no hay nada fundamentado que lo justifique», resaltó.
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, recordó que a esta nueva arremetida se suma que desde al menos seis años el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueado el portal del periódico.
«El régimen no solo ha bloqueado y censurado a El Nacional. Hay un doble castigo porque además hay el bloqueo en las notarías y en los registros. El Nacional tiene prohibición de registrar cualquier trámite. Sin ningún tipo de justificación», dijo Otero.
El ataque al diario El Nacional se mantiene
Otero recordó que, además, el régimen venezolano le quitó al diario, a la fuerza, su sede ubicada en Los Cortijos, Caracas, por una demanda de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
«A nosotros nos quitaron nuestra sede por simplemente una demanda de supuesta difamación de Diosdado Cabello que el Tribunal Supremo de Justicia ejecutó sin que hubiera ningún tipo de notificación de cobro ni de ningún tipo. Simplemente se presentaron con el Ejército y tomaron el edificio. Y ordenaron bloquear en las notarías y registros todo documento que tenga que ver con El Nacional«.
Un tribunal venezolano adjudicó la sede de El Nacional, ubicada en Caracas, y los lotes de terreno sobre los que está al dirigente chavista sin permitir un debido proceso legal en el que el reconocido periódico pudiera defenderse.
Se trató de un irregular y clandestino remate judicial que se realizó sin haberse publicado en los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, y sin la presencia de testigos. La medida se tomó después de que se le ordenara pagar unos 13 millones de dólares en reparación a Cabello por replicar un reportaje del diario español ABC.