La reciente decisión de la Contraloría General, una institución abiertamente controlada por el régimen, de inhabilitar a María Corina Machado (MCM) para presentarse a cargos públicos, y una amenaza similar que pende sobre el también candidato a la Primaria Henrique Capriles, puede convertirse en un grave error del régimen autoritario que pretende eternizarse en el poder a expensas de su propio pueblo.
Con frecuencia he defendido el argumento de que la Primaria tiene un inmenso potencial disruptivo de la nefasta dinámica según la cual el régimen avanza sus propósitos, de manera aparentemente invencible, y la población, que lo repudia en su mayoría, se va retrayendo cada vez más a un estado de inactividad y pasividad. Este penoso estancamiento social y político, que aleja las posibilidades de recuperar a Venezuela, está, sin duda, estimulado por una combinación de desconfianza y frustración, no solamente por las acciones del régimen, sino por lo que se percibe con frecuencia como acciones erráticas del liderazgo de la oposición.
Todo parece indicar que la Primaria está cumpliendo uno de sus objetivos centrales: abrir un camino para minar las bases del régimen por la vía electoral, prevista en la Constitución, que ahora el gobierno pretende obstaculizar, porque, indudablemente, percibe un peligro real para su hegemonía. Las acciones del régimen tienen como único propósito mantenerse en el poder a todo trance, y eso debe ser entendido de manera cabal y prístina por la sociedad democrática venezolana. Maduro y la oligarquía chavista que lo rodea, van a hacer todo lo posible por impedir, por métodos legales o ilegales, la realización de un evento electoral que determine su salida del poder. Pero no son invencibles, tienen al pueblo y a buena parte de la comunidad internacional en contra, pero el prospecto de su derrota estará en gran medida ligado a las acciones de la oposición en promover un estado de resistencia civil constitucional, cuyos límites y alcances están precisados en nuestra Carta Magna, como mecanismo contra cualquier intento del régimen para eternizarse en el poder. Vienen, sin duda, tiempos muy complejos para nuestro país.
La Primaria fue originalmente concebida como un mecanismo para elegir a un candidato para la elección presidencial prevista por la Constitución para 2024 y en su concepción y puesta en práctica es indispensable reconocer el esfuerzo de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP). Pero más allá de su objetivo inicial, alrededor de la Primaria se ha venido produciendo un resurgimiento de la movilización de los venezolanos, tanto en Venezuela como en la diáspora. Esta movilización ha replanteado el problema de la redefinición de un liderazgo alternativo de la oposición, uno que defienda con claridad una postura de refundación del país y de reconciliación de los venezolanos, sin doblegarse a la cohabitación sumisa con el régimen. Pero esto no está ocurriendo por la ruta pensada inicialmente para la Primaria, sino por una ruta emergente, asociada a la metamorfosis de la candidatura de MCM en un verdadero deslave de apoyo popular. Es en este contexto que la decisión de la autocracia de Maduro de inhabilitar a MCM puede convertirse en una derrota irreversible para el régimen.
La posición adelantada por Luis Florido, desde su conspicuo rol como coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria, de solicitarle a quienes estén inhabilitados que se retiren de la contienda electoral, es inaceptable, no solamente por el mensaje de sumisión ofrecido al régimen que tal renuncia implica, como lo ha señalado con claridad Andrés Velásquez, sino porque aborta cualquier intento de responder con una estrategia sólida a las maniobras ilegales de la autocracia.
Estamos obligados a analizar la posibilidad de que el régimen vaya más allá en sus nefastas acciones y utilice a la Sala Electoral del TSJ para suspender la Primaria y encausar a los integrantes de la CNdP por lo que se pretenderá presentar como un acto de sedición contra el gobierno de Maduro. Un escenario que, por supuesto, iría mucho más allá de las inhabilitaciones, pero que debemos considerar en su conjunto porque ello colocaría al liderazgo opositor emergente, y a la sociedad civil toda, en una encrucijada de acciones y caminos de los cuales dependerá el destino de la nación. Es en este contexto en el que se deben explorar a fondo y con verdadero espíritu patriótico, las posibilidades inmensas del ejercicio de la resistencia civil, pacífica y constitucional. Una estrategia que se basa fundamentalmente en estimular el poder del voto, pero que reconoce que minar las bases del régimen puede exigir otras acciones contempladas todas en nuestra Constitución, incluyendo requerir el apoyo internacional, para restablecer su mandato. Si esto exige que empujemos todos en la dirección de la marejada popular que significa MCM, como antes insistimos en que lo hiciéramos respaldando a Guaidó, en la oportunidad perdida del interinato, debemos hacerlo. Nuestra Venezuela lo exige.