Intentar descalificar al fiscal de la Corte Penal Internacional por “violar el debido proceso# es ir contra la sala de cuestiones preliminares quien es la que autoriza al fiscal investigar los Crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
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El abogado penalista y defensor por los derechos civiles Rafael Narváez rechazó la pretensión del Estado en descalificar al fiscal de la CPI y la calificó como una forma de ocultar el incumplimiento del documento de acuerdo y entendimiento firmado entre el Estado y la Corte, donde uno de los puntos establece el compromiso de contar con un sistema de justicia imparcial que asumiera la investigación penal de los hechos ocurridos durante el 2017 y procesar a los responsables.
Alega Narváez que el principio de complementaridad contemplado en el Estatuto de Roma establece que tanto el Estado venezolano como la CPI hagan la investigación penal, que el equipo técnico del fiscal de la Corte tenga acceso a los expedientes sin ninguna restricción, instalación de una oficina en Venezuela, entre tanto el sistema de justicia venezolano solo ha procesado a oficiales de bajo rango desconociendo las competencias y alcances de la CPI quien solo investiga y procesa penalmente a jefes de Estados en ejercicio, militares de alto rango y funcionarios de gobierno de alto nivel .
“No es ético desde el punto de vista jurídico exigir el cumplimiento del debido proceso cuando en nuestro país el Art 49 CRBV que establece el derecho a la defensa, la asistencia jurídica, presunción de inocencia, el derecho a ser oído, acceder a las pruebas y lo más grave es la suspensión de las audiencias en innumerables veces que constituyen un inmenso retardo procesal con denegación de justicia vulnerando sistemáticamente el debido proceso” afirmó Narváez
Las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad aún esperan que los componentes del letal plan Zamora y su cadena de mando sean procesados penalmente expresó el defensor por los derechos civiles.
Para finalizar el ex parlamentario les recordó al Estado que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a responsables de violaciones graves a los derechos humanos.