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El inicio de la investigación formal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad atribuibles al régimen, es un acto de justicia esperanzador, que lo celebra la ciudadanía venezolana y las organizaciones mundiales defensoras de los derechos humanos. Desde otra óptica, representa la fase superior de un largo proceso de denuncias sustanciadas durante años por instituciones y ONGs del país e internacionales, todas hasta el presente desoídas airadamente por quienes ahora no pueden escaparse de rendir cuenta ante el tribunal que vela por las pautas del Estatuto de Roma. La larga lista de instituciones ignoradas y en ocasiones ridiculizadas, por los responsables y cómplices de los hechos, incluye: el Foro Penal Venezolano, Provea, Fundaredes, el Observatorio Venezolano de la Violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, La Misión Independiente Internacional para la Determinación de Hechos también de ONU, entre otras.
El abuso y la crueldad están finalmente al desnudo. El indiciado y sus adláteres ya sentados en el banquillo de los acusados. Ya no podrán mofarse de las instituciones y ONGs, nacionales y externas, y éstas podrán aportar pruebas y testimonios a la investigación de la CPI, hasta la sentencia final de los responsables de estos crímenes. Y consuelo y reparación habrá para las víctimas o sus seres queridos.
El trascendental hecho nos trae a la memoria a quienes en prisiones y en la calle han sufrido hechos horrendos de secuestro, tortura, detención arbitraria, violación, herida y muerte. De estos últimos, se avivan en el recuerdo nombres, como: Fernando, Rafael, Jairo, Daniel, Geraldine, Génesis, Miguel Ángel, Brayan, Juan Pablo, David, Gruseny, Armando…, vidas jóvenes en su inmensa mayoría. Los nombres de todos ellos, de algún modo, habremos de inscribir imperecederos como testimonio y advertencia al futuro de este miserable capítulo de nuestra historia política.