El asesor presidencial Camilo Saldarriaga renunció a su cargo luego de que las autoridades judiciales de Costa Rica allanaran su oficina y su casa como parte de una investigación por un caso de presunta corrupción en la adjudicación de obras de infraestructura que involucra a funcionarios públicos y empresarios.
Saldarriaga, quien figura como investigado en el caso y que no fue detenido, emitió este lunes un comunicado en el que afirma que tiene “la conciencia tranquila” porque no ha cometido ningún delito y que renuncia a su cargo como asesor del presidente Carlos Alvarado para demostrar su inocencia “sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo”.
Saldarriaga se desempeñaba como asesor presidencial en temas de infraestructura y, según dijo en su comunicado, sus funciones no se relacionaban con la contratación pública sino con “monitorear la ejecución del presupuesto nacional y articular con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones”.
Las autoridades judiciales de Costa Rica detuvieron este lunes a 28 sospechosos en un operativo de 57 allanamientos por un caso de supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción y mantenimiento vial.
Los allanamientos se llevaron a cabo en el estatal Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Púbicas y Transportes (MOPT), la oficina de Saldarriaga en Casa Presidencial, empresas privadas y casas de habitación en diversas zonas del país.
Entre los detenidos figuran personas como el empresario Carlos Cerdas Araya de la empresa constructora MECO, y otros miembros de esa compañía de apellidos Gonzalez Carballo, Arce Alpizar y Bonilla Guillén, así como Mélida Solís Vargas, de la empresa constructora H. Solís.
También fueron detenidos en la sede del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dos personas de apellidos Rojas Monge y Madrigal Rímola, y otros funcionarios de esa entidad adscrita al MOPT.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción atribuye a los sospechosos haber creado un “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi”.
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, que habría ocasionado daños por unos 120 millones de dólares.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas.
Las personas imputadas se encuentran a la orden de la Fiscalía en calidad de detenidas para ser indagadas.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, explicó a los periodistas que la investigación comenzó hace 2 años y que las diligencias de hoy tienen como fin obtener pruebas y detener al menos a 19 funcionarios públicos y 14 de empresas privadas que habrían conformado la red de corrupción.
Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales, informó el OIJ.
“Un grupo de empresarios o empresas con intereses muy fuertes y que además tienen posibilidades amplias de actuación, se acercan a los funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, regalías, afectan la probidad de las personas, y también afectan la normalidad de los negocios y provocan encarecimiento de las obras, lo que afecta al país”, declaró Espinoza.
Según el director del OIJ, los funcionarios públicos “recibían sobornos y favores constantes que se mantuvieron en el tiempo, y que respondían a una articulación planificada desde un punto de vista delictivo que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales”.
El Gobierno costarricense emitió un escueto comunicado en el que ofrece toda su colaboración a las autoridades judiciales.
EFE