Georgette Gómez, presidenta del Ayuntamiento de San Diego, nació y se crió en la ciudad en la que ahora sirve, a solo 15 millas de la frontera mexicana que sus padres, Eusebia y Miguel Ángel Gómez, cruzaron sin documentos en 1973. Sus padres trabajaron en múltiples trabajos para llegar a fin de mes e inculcaron en su hija un doble sentido de laboriosidad y esperanza.
Por NBC News
“No doy por sentado que dejaron su propio país, su propio idioma, su cultura, su familia, solo para crear un mejor camino para nosotros, y cuando vinieron aquí no fue fácil”, dijo Gómez. 43, el menor de tres hermanos. “Este no era un país acogedor para ellos y todavía no lo es para los inmigrantes”.
Los derechos de los inmigrantes son un tema que pesa mucho sobre Gómez, quien este noviembre está compitiendo por convertirse en el próximo representante del 53 ° Distrito Congresional de California.
“Es algo por lo que he estado luchando y continuaré impulsando, para defender a los inmigrantes, para defender los derechos de los inmigrantes, para hacer que este país comience a abordar una reforma migratoria integral”, dijo Gómez a NBC News.
Gómez, un demócrata, fue elegido miembro del consejo de la ciudad en 2016 y nombrado presidente por unanimidad dos años después. En 2017, presentó una resolución contra la propuesta del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo con México. La resolución fue adoptada por el consejo. El alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, republicano, no firmó la resolución, pero tampoco la vetó.
“El hecho de que pude lograr que mi alcalde republicano lo apoyara fue bastante significativo”, dijo Gómez, “y demuestra que puedo presionar en temas críticos que, a veces, pueden causar divisiones”.
El candidato es un apasionado de la vivienda asequible y la protección de los ciudadanos más vulnerables de San Diego, donde los altos alquileres han hecho la vida cada vez más difícil para los pobres y la clase trabajadora. Gómez introdujo una ordenanza que hace ilegal que los propietarios discriminen a los inquilinos que dependen de la asistencia federal para la vivienda e introdujo una moratoria de desalojo para proteger a los inquilinos durante la pandemia de Covid-19, que influyeron en leyes similares a nivel estatal, dijo.
“Estoy muy orgulloso de eso”, agregó Gómez. “Nuestro estado, nuestra ciudad, nuestra nación deben incluir a todos los miembros de nuestra comunidad, y se les debe permitir vivir donde puedan encontrar una casa que puedan pagar”.
Gómez, ex organizador comunitario de un grupo de justicia ambiental, también es un defensor de las protecciones ambientales. Como presidenta del consejo de la ciudad, ayudó a aprobar una política que apunta a mover San Diego al 100 por ciento de energías renovables para el 2035.
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