Me he sentido conmocionado con las noticias provenientes de Chile, que dan cuenta de cómo, en medio de las protestas recientes, dos iglesias católicas fueron profanadas y quemadas por el vandalismo, como ocurrió también el año pasado, bajo una dimensión de carácter terrorista que sobrecoge, pues es contraria a los sentimientos de las grandes mayorías de la sociedad chilena.
En esta oportunidad, los violentos se ensañaron en Santiago contra la Iglesia de San Francisco de Borja, una joya arquitectónica que era usada por los Carabineros en sus ceremonias institucionales, y de seguidas, con la céntrica Iglesia de la Asunción, un antiguo templo con más de siglo y medio de historia, que quedó arrasado por el fuego y el saqueo. Las imágenes de la decapitación de un crucifijo en las afueras de un templo, y de un grupo de manifestantes celebrando con aplausos y vítores el momento en que se derrumbaba el campanario de la Iglesia de la Asunción, hiela la sangre, pues solo tiene como parangón con los rituales satánicos que hemos visto en películas de terror.
La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile, monseñor Celestino Aos, condenó los hechos y expresó: “La violencia es mala, y quien siembra violencia cosecha destrucción, dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia. Los pobres son los más perjudicados. Esperábamos que esas acciones e imágenes no se repitieran. Sentimos la destrucción de nuestros templos y otros bienes públicos, pero sobre todo el dolor de tantos chilenos de paz y generosidad. Esas imágenes no solo impactan y duelen en Chile, sino en otros países del mundo, especialmente entre los hermanos cristianos”. A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal chilena, Monseñor Santiago Silva, afirmó: “Que la violencia no intimide el anhelo de justicia para Chile; en las democracias los ciudadanos se expresan a través del voto libre y no bajo las presiones del terror y la fuerza”.
SI bien en esta oportunidad las iglesias afectadas son de confesión católica, el hecho es que cualquier templo religioso, trátese de mezquitas, sinagogas o templos protestantes, representan lugares sagrados que merecen el mayor respeto y reverencia. El gobierno chileno condenó también los hechos, y manifestó que “quemar iglesias es una expresión de brutalidad. El rechazo a la violencia debe ser firme y claro por parte de todos los sectores de la ciudadanía”. Paradójicamente, los repudiables actos se registran a pocos días del plebiscito en que se definirá la voluntad o no del pueblo chileno de reemplazar la actual Constitución, tema sobre el cual el gobierno y diversos sectores han reiterado que las diferencias entre los chilenos deben resolverse a través de medios democráticos. Lamentablemente, el vandalismo radical está mostrando otro indeseable camino.
En las protestas de 2019 habían sido incendiadas la Catedral de Valparaíso, la cual será reconstruida a un alto costo, y en la zona céntrica de Santiago la Iglesia de los Sacramentos, monumento histórico de la nación, así como la Iglesia de la Vera Cruz, y saquearon la Catedral de Puerto Montt, otra emblemática e histórica iglesia construida totalmente en madera en 1892, la cual visité el año pasado, así como siete iglesias evangélicas en varias ciudades del país. También en el pasado, en 2017, fueron incendiadas 27 iglesias cristianas protestantes, a raíz del conflicto social con grupos indígenas mapuches.
¿Qué hay detrás de estos aberrantes ejemplos de violencia, irrespeto e intolerancia religiosa? Luce que además de objetivos antirreligiosos, ello es parte de una estrategia desestabilizadora hacia el gobierno constitucional en ejercicio, y de una estrategia perfectamente articulada, nacional e internacionalmente, para derribar valores, principios, tradiciones, manifestaciones culturales y espirituales. Solo recuerdo haber visto actos similares en graves episodios de conflictos étnicos y religiosos en algunos países de África y el Medio Oriente.
Preocupa en especial que, bajo un ambiente desestabilizador como el descrito, que ha estado acompañado de incalculables daños a centros comerciales, edificaciones y a la propiedad privada, se estén dando los pasos para, bajo presión de grupos radicales, entrar en la redacción de una Carta Magna que reemplace a la Constitución vigente, impuesta en 1990 por el gobierno autocrático del General Augusto Pinochet. Con anterioridad, en 1988, puso fin mediante un referéndum al gobierno de Pinochet, debiendo destacarse que éste perdió, acató el mandato y se alejó del poder. Fue así como el país retomó la senda democrática, a través de la cual se han alternado en el poder los mandatarios Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. La nueva consulta popular vía referéndum, se celebrará el próximo 25 de octubre, y a no dudar, la votación será favorable a la redacción de una nueva Constitución, para desempantanar el complejo ambiente sociopolítico, y propiciar cambios tendentes a la corrección de algunas de las desigualdades o inequidades reclamadas por una parte de la sociedad chilena.
Así, el domingo 25 de octubre, casi 15 millones de chilenos expresarán su voluntad para la redacción de una nueva Constitución Nacional, aunque la vigente ha sido enmendada varias veces. Tratándose de un tema sensible, hay opiniones divididas, pues un segmento de la sociedad teme que a través de una nueva Carta Magna se trate de imponer un Estado más grande, regulador e intervencionista, que podría alterar el rumbo de desarrollo y crecimiento que ha marcado Chile en las últimas décadas. Otros consideran que habría sido más expedito y económico recurrir a la vía de las reformas a la Constitución y a la aprobación de leyes que pudieran requerirse, como es el caso de las correcciones al sistema de pensiones existentes, una de las reivindicaciones más importantes, o los ajustes al sistema educativo que propician grupos juveniles involucrados en las protestas. El peligro, sin duda latente, es que en el ambiente de crisis generado por la pandemia y bajo la presión de la violencia organizada, Chile pueda dar un salto al vacío y errar en el rumbo que le ha llevado a su modernización y éxito. Recordemos que Chile es el país más competitivo de América Latina y que, pese a imperfecciones mejorables, como es el tema de la distribución del ingreso, ha estado a la cabeza de la región en el ambiente para los negocios, productividad, especialización productiva, internacionalización de su economía y exhibe los más altos salarios mínimos.
Una Asamblea Constituyente, influida por un entorno de crisis coyuntural y de violencia, podría retrotraer al país hacia etapas superadas de conflicto que la nueva generación no ha vivido, y podría dar al traste con la estabilidad económica y política alcanzada por esa nación hermana. Preocupa que algunas organizaciones políticas, medios de comunicación y redes sociales, propicien bajo una fuerte carga ideológica, un giro de 180 grados en el modelo económico y político chileno, cuya esencia ha sido respetada por los gobiernos democráticos que se han sucedido desde 1990 hasta el presente. Sería un grave error histórico de la hoy convulsionada nación suramericana.