Al principio fue algo minimizado y también subestimado. Nuestra gente se iba del país en busca de las oportunidades que Venezuela les negaba. Rápido, el régimen socialista los estereotipaba como “vende-patrias”. Muchas veces lo oímos y nos fajamos a defender a los paisanos en la Asamblea Nacional bajo absoluto dominio del oficialismo. Pero después el fenómeno fue creciendo y se hizo inevitable, masivo y desesperado. Luego del triunfo electoral de la oposición en 2015, varias veces observamos que el tema no era pasajero. La clase media informada y calificada inició el penoso camino del desmembramiento familiar cualesquiera fueran sus procedencias geográficas. Profesionales de buena formación académica y experiencia laboral, marcaron la ruta a los sectores populares que ya no tenía para abordar un avión y saltar el charco, sino que emplearon a fondo los autobuses para llegar a todos los rincones del continente en varios días y semanas. Incluso, a pie. Con niños a cuestas, se internaron por autopistas y carreteras peligrosas hacia países vecinos cuyos servicios colapsaron. Un par de detalles del exilio forzado llama igualmente la atención: por una parte, dio alcance a los propios chavistas y maduristas que tampoco se salvaron de las peores condiciones en las que se encuentra el país; y, por el otro, lamentablemente, se colaron las bandas completas de la criminalidad ordinaria que se mezcla con la criminalidad política, porque los hay prófugos de la justicia, los hay con extraordinarias cuentas en los paraísos fiscales, los hay soplones y agresores, escondidos en muchos países y al servicio de las misiones diplomáticas de la usurpación.
Como vemos, una realidad demasiado compleja a la que trató de meterle el diente el parlamento. Es necesario reconocer que la Comisión Permanente de Política Exterior se interesó por el asunto a principios del actual período constitucional de la Asamblea Nacional, pero se equivocó en dos momentos. En una ocasión, siendo definitiva la torta que puso, pretendió nombrar unilateralmente a sus delegados, como si tuviese tal atribución o competencia, en diferentes países, incluso, para gestionar y administrar los supuestos fondos de ayuda provenientes de Europa o Estados Unidos. En otra ocasión, despachó la materia con una sorprendente simplicidad. Y decimos esto, porque a la luz del derecho internacional y, concretamente, del Pacto Mundial de Refugiados, los venezolanos que se vieron obligados a tratar de sobrevivir lejos de la Patria, son –en absoluta propiedad– desplazados y refugiados. Esta sola condición remite el problema a otro ámbito: la crisis humanitaria compleja y el Estado Fallido. Y, por consiguiente, a la necesaria intervención humanitaria de una coalición militar que bien se expresa, en principio, con el TIAR, pero que sólo tiene una completísima respuesta, muy específica y real, con la materialización del principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P).
Lo anterior significa que el parlamento, con el impulso de la Comisión de Política Exterior, ha de aprobar el instrumento necesario para materializar el R2P. Y no es otro que la discusión y aprobado de la aplicación del artículo 187, numeral 11 constitucional. Este planteamiento lo hemos llevado y seguiremos llevando a la Asamblea Nacional, como integrante de la Comisión de Política Exterior, en el marco de otras iniciativas que vayan en beneficio de nuestros centenares de miles de desplazados y refugiados venezolanos.