El general retirado Raúl Isaías Baduel permanece recluido en los calabozos de la Policía Militar en Fuerte Tiuna desde enero de 2017, dos meses antes de cumplir su condena de casi ocho años por apropiación indebida durante su gestión como ministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez y dos años después de que se le dictara libertad condicional. Sus abogados, Fredy Montesinos Lucena y Adolfo Molina Brizuela se refirieron a lo que califican de “desnaturalización” del procedimiento en entrevista para La Patilla.
Raylí Luján / La Patilla
“Es importante comenzar por hacer referencia a que el general Baduel es un prisionero del Estado venezolano. Se le condenó a cumplir una pena y estando a punto de cumplirla le fue librada una orden de aprehensión, sin que estuviesen llenos los extremos de ley”, explica Montesinos.
Considera que fue una medida sobrevenida y que la conducta punible de la que fue acusado y por la cual se le dictó una nueva orden de aprehensión, específicamente por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión, no fue realmente comprobada.
“Nunca él pudo haber desarrollado esa conducta punible, él cumplio a cabalidad las condiciones impuestas por el tribunal y desarrolló una vida cotidiana. Desarrollaba una conducta de un buen ciudadano”, señala el abogado, quien además rechaza que al exministro de Defensa se le esté juzgando sobre la base del Código Penal Militar cuando este es un militar retirado.
Torturas y el estado de salud
En relación a la estabilidad psicológica y física del general retirado, el defensor Adolfo Molina Brizuela asegura que se encuentra bastante fortalecida. “Él es creyente de la palabra y se fortalece con la lectura, sin embargo cuando lo visitamos, tenemos una comunicación un poco limitada, porque tenemos como barrera un vidrio que no nos permite hablar cara a cara y como defensa nos preocupa, porque a través de un vidrio no podemos comunicarnos cómo deberíamos, estamos hablando en voz alta con todos oyendo, y no podemos fijar estrategias procesales con él. Hace un mes tuvo una afección a nivel de cuello, hicimos todas las actividades o diligencias de rigor. Se logró atender la situación y el general está bastante fortalecido”, agrega.
Por otra parte, el abogado Fredy Montesinos aclara que en el caso de Baduel se presenta también la tortura blanca y hace referencia al momento en que el general retirado estuvo recluido en la celda conocida como “La Tumba”, en el interior de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Plaza Venezuela.
“En el caso específico de la reclusión en el Sebin, si podemos manifestar que las condiciones eran de aire acondicionado permanente las 24 horas, las paredes blancas, la luz blanca y pareciera que el Estado se proponía que el prisionero perdiera la noción del espacio y el tiempo y eso se traduce en lo que se ha podido denominar tortura blanca. En el caso específico de las condiciones de reclusión, se le ha impedido al equipo técnico tener acceso al defendido y se maltrata así al prisionero”, sentencia.
Denuncia además que cuando se vulnera la tutela judicial efectiva y no se garantiza un proceso sin dilaciones indebidas, “se está causando un gravamen irreparable” sumado a la vulneración de los derechos y la falta de garantía de la integridad psíquica y física.
Comisión de la verdad
Los representantes del equipo de defensores de Baduel indicaron que varias oportunidades acudieron a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, así como al Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias con el fin de elevar las irregularidades en el procedimiento y obtener una audiencia. No ha habido respuesta alguna.
“Nos preocupa esta inercia, este silencio manifiesto porque eso en lugar de contribuir con el esclarecimiento de la verdad y los hechos, lo que hace es continuar generando malestar”, expone Montesinos.
Molina Brizuela destaca el retardo procesal extremo que se está aplicando y considera que se debe al conocimiento de las autoridades sobre el resultado que tendrá ese juicio.
“La jueza Claudia Pérez de Mogollón no hizo nada con relación a los petitorios nuestros, luego ella sale del tribunal, nombran a otro juez, no hay juez ahorita y están aplicando un retardo procesal extremo, porque bien sabemos que cuando esa causa pase a juicio con el tribunal militar que corresponda, es crónica de una muerta anunciada, y eso será una absolutoria”, insiste.
Para Molina existe aún la confianza en el cumplimiento de las normas constitucionales y el correcto proceder de las instituciones. “Creo plenamente como abogado y estoy confiado en la norma constitucional que aquí debe haber un momento en el proceso que se tomen las cartas debidas de conformidad. Creo en un proceso que debe darse en cuanto se nombre a un juez. Lo que queremos es que sea sometido de una vez por todas a un proceso oral y público”, manifiesta.