Es doloroso, cruel y se quedan cortos estos calificativos que utilizo como madre, venezolana, dirigente en mi región, cuando me refiero a los últimos acontecimientos considerados graves por la comunidad internacional y que no terminan de despertar a una población adormecida que aún no asimila en que sistema político está transcurriendo su día a día, el de la dictadura.
La dirigente del estado Monagas, Diorkis Bravo, en breves palabras condensa su sentir ante la crueldad utilizada en el asesinato del C/C Rafael Acosta Arévalo –ascendido post mortem ayer a Capitán de Fragata por el presidente (e) Juan Guaidó- y el otro suceso que ha conmovido a la opinión pública, el del joven de 16 años Rufo Chacón que perdió ambos ojos tras recibir 52 perdigones en su rostro durante una protesta por gas en el estado Táchira.
“Una pregunta que hago a ver si hay respuestas, ¿dónde están los autores intelectuales y materiales de estos hechos sangrientos? ¿El oficial que entregó al C/F Acosta Arévalo podrá dormir tranquilo? consciente de que es cómplice en este asesinato, ¿podrá ver de frente a su familia, a sus hijos, a sus padres, si los tiene? La verdad como el sol y la luna no se puede esconder y más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas ante una justicia independiente, no la sumisa, la arrodillada ante una parcialización política. Y en esos momentos su familia lo aborrecerá. Igual situación sucede con el efectivo que disparo al joven Chacón –toda nuestra solidaridad desde Monagas para él y su familia-quién por estar reclamando sus derechos, protestando pacíficamente como quedó registrado en videos, recibe de vuelta el ensañamiento de un hombre que, portando vergonzosamente un uniforme, con un arma en mano drena su rabia, su malestar, ante la crisis que también padece –no lo excuso- y no dudo que esa rabia iba dirigida contra sus superiores”, dijo Diorkis Bravo.
“Estamos viviendo en dictadura cuyas características además de la persecución a disidentes y sus familias, está el acoso, la tortura, los tratos crueles e inhumanos que ahora forman parte de nuestra cotidianidad y que imaginamos que no nos tocaran cerca. Forma parte del pasado los asesinatos de Oscar Pérez, de sus compañeros de lucha, de Fernando Albán, y trasladándonos más atrás, de los jóvenes del 2014 y 2017, y aún más atrás de Franklin Brito, el agricultor venezolano que murió confinado en un reservado de la unidad de psiquiatría del Hospital Militar de Caracas el 30 de agosto de 2010, después de haber realizado seis huelgas de hambre y haberse amputado un dedo a lo largo de sucesivas protestas que comenzaron en el 20052, señaló.
Organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Departamento de Estado de EEUU, se han pronunciado repudiando, condenando estos hechos y exigiendo la averiguación correspondiente y en nuestro país las voces del presidente (e) Juan Guaidó y otros líderes de la oposición, se han hecho sentir reiterado la necesidad de que haya una investigación profunda e independiente que determine las circunstancias en que murió el C/F Acosta Arévalo y los culpables, los autores intelectuales y materiales de su muerte cuya responsabilidad recae sobre el Estado por tratarse de torturas. En el caso del joven Chacón, la exigencia de la averiguación es similar. Es tan grave la situación venezolana que hoy un comunicado conjunto de 52 países, representados por Perú, pidió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cambios políticos en Venezuela para que ese país “recupere un total disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Pero…falta la exigencia contundente de los ciudadanos.
Bravo se refirió a la imperiosa necesidad de aplicar en el país las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, más conocidas como Reglas Nelson Mandela, adoptadas en la Asamblea General de la ONU el 17/12/2015. Contiene 122 reglas orientadas por los fines establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pretende reafirmar el trato digno inherente a la condición humana, que debe proferirse incluso a los peores criminales. De ellas destacamos dos fundamentales:
Ningún recluso puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no existe circunstancia alguna que justifique lo contrario.
La seguridad de los reclusos debe garantizarse en todo momento, al margen de su situación jurídica. Es decir, que la inestabilidad política o económica e incluso la condición de culpable de un recluso, no permite relajar las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Además, el artículo 46 de nuestra Constitución Nacional establece que las personas privadas de libertad deben recibir el trato digno inherente a la condición humana, es decir, no pueden ser sometidas a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ese sentido, la Constitución Nacional dispone que el funcionario que, en ejercicio de sus funciones, infiera dolor, maltrato o sufrimiento físico o mental, lo instigue o tolere debe ser sancionado según lo disponga la Ley. En consecuencia, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sanciona con pena de hasta de 25 años a quien incurra en esta conducta”.
Nota de prensa