El presidente Donald Trump se puso al hombro la negociación para un acuerdo bipartidista para regularizar a inmigrantes indocumentados llegados siendo niños a Estados Unidos, pero sin abandonar uno de los pilares de su campaña: el controvertido muro fronterizo con México, reseñó AFP.
En un animado debate con legisladores en la Casa Blanca, Trump sugirió un enfoque en dos etapas: primero una ley que contemple el tema de los jóvenes sin papeles y la seguridad fronteriza y luego una reforma migratoria más amplia.
“Debería ser una ley del amor”, dijo sobre la solución que confía dar a cientos de miles de jóvenes en riesgo de deportación desde que él mismo derogó en septiembre del año pasado el decreto DACA, creado por su antecesor Barack Obama en 2012.
“Pero también tiene que ser una ley con la que podamos asegurar nuestra frontera”, enfatizó Trump durante un encuentro con una docena de congresistas oficialistas y opositores, inusualmente abierto a periodistas por una hora.
El presidente se dijo incluso dispuesto a asumir el reto político de plantear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la sombra en Estados Unidos.
Una “reforma migratoria integral (…) es adonde me gustaría llegar eventualmente”, explicó el mandatario, aclarando que esto puede no estar tan lejano si se hace “la ley correcta” ahora.
El Congreso tiene hasta marzo para encontrar una solución definitiva para los beneficiarios del decreto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, del inglés), que otorga estatuto legal temporal a unos 690.000 jóvenes indocumentados, la mayoría latinoamericanos.
“Creo que se puede hacer muy rápidamente”, afirmó Trump, lamentando el grado de “animosidad y odio” entre demócratas y republicanos que marcó la vida política estadounidense durante muchos años.
“Muro” y “mérito”
Para Trump, “una solución permanente” para los llamados “dreamers” (soñadores) tiene condiciones vinculadas a la seguridad.
El presidente ha pedido durante mucho tiempo al Congreso fondos para levantar una barrera en el sur del país, con la que se propone detener la inmigración irregular y parar el tráfico de drogas.
“Necesitamos un muro”, señaló a los legisladores el martes sin detallar la magnitud de la obra, aunque señaló que ya existen obstáculos naturales, como montañas o ríos, que pueden aprovecharse.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró en rueda de prensa que el mandatario no abandonó la idea, rechazada por México, de que ese país pague por la construcción.
En la reunión con los legisladores, Trump pidió además el fin de lo que llama “inmigración en cadena” (reunificación familiar) y la abolición de la lotería anual de la “green card” o permiso de trabajo.
“Me gustaría agregar la palabra ‘mérito’ a cualquier ley que se presente. Puedo decir que eso es lo que quieren los estadounidenses”, dijo.
“Congreso cómplice”
Aunque Sanders garantizó que la reunión en la Casa Blanca había concluido a favor de una legislación que contemple “reformas que se necesitan de manera crítica”, es incierto cómo se tramitará en el Congreso la solución para los “inDACAmentados”.
Los líderes republicanos quieren que sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.
El tema del DACA “no será parte de ningún acuerdo general del gasto”, contó a periodistas el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, optimista sobre lograr un resultado antes de marzo.
Sin embargo, afectados por el fin del DACA y defensores de los derechos migratorios llamaron el martes al Congreso a actuar lo antes posible.
“Más de 15.000 personas, 850 por semana, han perdido su estatuto desde la derogación del DACA en septiembre. Sabemos que la urgencia es real porque estas son nuestras vidas”, dijo Adrian Reyna, de la ONG United We Dream.
“¡Hagan su trabajo!”, instó a los congresistas Kica Matos, directora del Center for Community Change Action, en la misma conferencia de prensa.
Los afectados por la decisión de la administración Trump de revocar en los últimos meses el Estatuto de Protección Temporaria (TPS, en inglés) a miles de centroamericanos y haitianos, que gracias a ese programa pudieron permanecer legalmente en Estados Unidos tras desastres naturales en su país, también exigieron al Congreso la pronta regularización de su situación migratoria.
“El Congreso es cómplice de la imposibilidad de crear una residencia permanente”, indicó en un comunicado la National TPS Alliance.