La oposición venezolana en la Asamblea Nacional (AN) ha tenido que reinventarse, no solamente llevando a debate acuerdos sobre temas de interés nacional, ya que las leyes sancionadas quedan en el limbo por el cerco “impuesto” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante un presunto desacato, sino que además, han tenido que “pedir” recursos a “almas caritativas” para “mantener activa” una sede tan importante para el país, como lo es el Palacio Federal Legislativo: la casa de las leyes.
Por: Mildred Manrique / 800Noticias
“Ahora somos como una iglesia o una ONG que vive de la donaciones. No tenemos recursos propios para cubrir todos los gastos, pero hacemos esfuerzos para seguir luchando por los venezolanos y no permitir que el Gobierno neutralice nuestro Parlamento. Estamos dando una lucha de resistencia muy grande”, dijo recientemente el actual presidente de la AN, diputado Julio Borges en conversaciones con la prensa.
La crisis financiera “obligada” comenzó en el mes de agosto de 2016, cuando la Oficina Nacional de Presuspuesto (Onapre) dejó de cancelar la partida completa de la AN, incluyendo los sueldos de los diputados que varían entre 40, 60 y 80 mil bolívares base, sin contar cestatickets y bono de transporte para los que viven en el interior. También dejaron de percibir sueldo los llamados cargos 99, “personal de confianza”.
Desde entonces, algunos diputados dejaron de asistir a las sesiones por no contar con el dinero para sus traslados, estadias y comidas en la capital venezolana. Algunas veces no cuentan con quórum para debatir leyes. Normalmente están 55 presentes, de los cuales algunos viven en Caracas, Miranda, Aragua y cercanías. Otros cuentan con recursos propios y otros que no tanto consiguen quién les aporte una “ayudaíta”.
Meses después, el Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa, Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional se declaró en “emergencia administrativa” y denunció que las condiciones laborales en el Palacio Legislativo son “infrahumanas”.
La falta de asignación de recursos económicos de parte de la Onapre se había extendido, impidiendo hasta la compra de papel higiénico, tonner para imprimir y fotocopiar, materiales de oficina y artículos de limpieza e higiene, señalaron los trabajadores en un señala el comunicado publicado el 25 de noviembre de 2016.
Los trabajadores han denunciado permanentemente que la situación se agrava cuando se les comunicó que la Onapre tampoco otorgó la partida para la compra de comida y mantenimiento de los Centros de Educación Inicial (guardería y preescolar) de sus hijos.
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