Durante los últimos años se ha establecido muy lamentablemente una política sistemática de violación de derechos humanos. No se trata de simples casos aislados en contra de los opositores. El régimen ha organizado la violencia o terrorismo de Estado a través de los cuerpos policiales y de seguridad organizados bajo la supervisión cubana, bajo la mirada complaciente sino cómplice de las Fuerzas Armadas. El secuestro del Poder Judicial con el Tribunal Supremo adelante, facilita la persecución y el castigo de quienes rechazan con toda razón las barbaridades del régimen madurista.
Las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y las fuerzas policiales se han involucrado en efecto en esta política criminal lo que trae consecuencias muy graves para los autores, cómplices y todos aquellos que por sus acciones y omisiones han permitido que se torture y se trate de manera indigna a los perseguidos políticos, se les encierre, discrimine, excluya y humille.
Por ahora no hay justicia, es verdad. Los tribunales son herramientas de ese grupo de bandoleros zagaletones que han sabido aprovecharse de los recursos de un país que una vez fue rico y de todos. Pero la justica como se ha dicho siempre llega, esa es la dinámica.
Los crímenes internacionales como los crímenes de lesa humanidad, que se expresan mediante tortura sistemática y generalizada, serán castigados más temprano que tarde acá en nuestros tribunales cuando se incorporen estos crímenes al derecho interno o en los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional en particular que tiene competencia para conocer los hechos y procesar y castigar a los responsables.
La dirigencia pesuvista, las “autoridades” del país son conscientes de esta política criminal y sin importarles las consecuencias que ello pueda tener, ordenan y planifican su realización. Los que las implementan, los cuales creemos estar seguros que por ignorancia o adulancia no les pasa por la cabeza que sus acciones algún día los haga enfrentar la justicia que los llevará a largos años de cárcel aquí o allá.
Creen que lo que hoy reciben por debajo y por encima de la mesa va a ser suficiente para vivir holgadamente y tranquilos, para librarse de su responsabilidad por los crímenes que por órdenes “superiores” tuvieron que realizar.
Los instrumentos del terror no son sólo los militares y civiles alistados en policías y cuerpos de seguridad que actúan como brazo armado del ejecutivo.
A la hora de hacer justicia, los más afectados serán los militares en su conjunto, es decir la Fuerza Armada Nacional. Desde luego no es posible concluir en que todos los militares, de todas las fuerzas, están involucrados y son responsables de lo que pasa en este país en materia de derechos humanos y de crímenes internacionales. Muchos no comparten esta canallada de algunos superiores pero callan y el silencio lo sabemos también, quieran o no, los compromete.
A veces nos preguntamos si realmente todos los militares están al tanto de la gravedad de las torturas y de los tratos inhumanos que se da a los opositores, así como de los crímenes que perpetran los órganos del Estado como parte de esa política concebida por el mismo régimen. Si son conscientes o no de lo que pasa en las cárceles políticas, la tumba en particular. Si saben la forma en que tratan a los tantos presos políticos y a sus familiares. Nos preguntamos en pocas palabras, si en efecto si se trata de ignorancia pura y simple o de complicidad criminal.
En cualquier caso, la responsabilidad penal internacionales de muchos está en juego y el prestigio de la Fuerza Armada en su conjunto dependerá de la actitud que en algún momento tomen sus miembros, al menos aquellos que creen en una institución castrense decente, profesional y venezolana, divorciada del crimen y de los delitos de todo tipo.
Robert Carmona-Borjas