La administración de la Ley de Precios Justos se ha convertido en una especie de acción discrecional de “tierra arrasada” en contra de los comerciantes y expendedores de servicios a nivel nacional, asegura el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, reseñó El Impulso.
Juan B. Salas
Este procedimiento se está siguiendo a partir del desconocimiento del estado de derecho, cuando los empresarios no son atendidos ni respetados al presentar pruebas y facturas que demuestran estar actuando apegados a la ley, mientras que los bienes objeto de inspecciones se les fijan precios a capricho por debajo de los costos de compra, y se obliga a venderlos de acuerdo a la voluntad de inspectores o fiscales, porque, supuestamente, así lo determina la Ley.
Para Consecomercio, no sólo es injusto que se apele a una norma administrada con fines ajenos a esa misma norma, para convertir a modestos empresarios en supuestos delincuentes sin serlo, y propiciar un mayor sufrimiento general a los consumidores de todo el país.
Con la eventual desaparición en masa de pequeños comercios, al no poder afrontar las obligaciones de pago con proveedores y entes financieros, como consecuencia de las medidas de comiso o ventas “a precios de fiscalización”, los consumidores deben estar conscientes que sus opciones de compra de lo que puedan conseguir, poco a poco, tampoco será haciendo colas, sino negociando con verdaderas mafias que han ido promoviendo “mercados negros”, a precios de oportunidad, en un país en el que los niveles de escasez de productos básicos superan el 70%.
Consecomercio insta al Ejecutivo a detener la violencia fiscalizadora que se ha seguido hasta ahora, y le exhorta a emplear la misma vehemencia que emplea para buscar inventarios en donde no existen, y a forzar la venta de bienes decomisados a precios realmente artificiales, a favor de la urgencia de producir en todo el país con la participación de la empresa privada, al recordar que el próximo 25 de noviembre se estará celebrando en Caracas el Día Nacional del Comercio.