Existen muchos documentos y referencias del valor, en cuanto a costo, de la justicia en Venezuela. Del valor como valentía ni hablemos. El ejemplo de la jueza Afiuni no cunde. De valores humanos, a lo Úslar, tampoco. Hay otro mal ejemplo de fiscal, de los visibles, en el caso Danilo Anderson, aquel de las maquinitas de contar billetes que hicieron volar en su camioneta algunos malandros, estos malandros.
Los cangrejos de libros y películas quedaron lejos, lejísimo en el uso de la “justicia” por el poder en nuestro país. Lo actual reboza lo bochornoso, el escarnio generalizado de la sociedad. Cada vez que conozco, en alguna profundidad, un caso de estudiante preso por protestar, de una chica detenida por hacer un tuit o varios, o de alguien enjaulado por tener tal profesión y estar en algún lugar equivocado o por, de algún modo manifestar un pensamiento disidente, me pregunto, sin demora: ¿ese juez, dónde se graduó, de cuál tesitura humana lo hicimos en la universidad? ¿Hay una ética jurídica del abocarse? ¿Se juega con destinos humanos por el cochino dinero? Lamentablemente sí, y lo apreciamos, o despreciamos, más bien, a menudo.
La palabra, pues, cuesta. Demostrar que alguien es inocente o culpable pasa por cantidades de cero al lado de un número mayor. Lo demás es paja escrita o hablada, como un adorno retórico que se pega al caso; digamos un lazo en cabeza de muñequita.
El fiscal Franklin Nieves tiene que demostrar documentalmente que lo que dice es cierto para que podamos creerle. Así, aunque suene simple y revista todo tipo de complejidad. No le creo. No puedo creerle a alguien que mintió de su modo. Tal cual uno no le cree posteriormente nada, de nada, a alguien a quien descubrió en alguna mentirijilla. ¿Porqué aquí miente y allá no? Se entienden los vericuetos jurídicos-políticos-inhumanos de la mafia que gobierna con crueldad. No confundamos. Parto del principio de que Leopoldo López es un preso de conciencia y no un criminal o un delincuente. Le temen desde el gobierno por su inmenso poder político-simbólico y lo enjaulan para contener sus potencialidades. Obviamente esas acciones no puedo compartirlas desde mis creencias democráticas. Y, por supuesto, no las comparto en absolutamente nada.
Pero el fiscal tiene que hacer uso de la validez de la palabra. No de la suya. Nadie le cree. De la palabra escrita documental. Tiene que probar certeramente, con documentos irrefutables, que los dólares que tiene en cuenta abierta en España provienen de manos gubernamentales, que recibió órdenes de altos personeros del gobierno o de otros poderes “ajenos” al ejecutivo para proceder del modo como procedió. Y allí la palabra retomará su valor mágico, denominador, trascendente e inquebrantable de la verdad dicha. Cuando haga eso, y casi no me queda duda alguna de que lo hará con prontitud certera, su palabra recobrará, en términos personales, algún otro tipo de valía. Por lo pronto, es un mentiroso de aquí colocado a mentir allá. Sin embargo, tiene documentos oficiales, con fechas, que dicen, en palabras escritas y/o habladas, de las suciedades con las que el régimen osa mantenerse en un poder que se le va, como diría la voz melodiosa de Pecos Cambas, en una imagen manida, a propósito, “como el agua entre los dedos” y sin tobito de recolecta para el goteo.
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