Es costumbre de los talibanes del diosdado-madurismo criticar a quienes desde el lado de la oposición nos atrevemos a reclamar el cumplimiento de la Constitución de la República, porque en su momento formulamos reparos o no estuvimos de acuerdo con su aprobación tal como estaba redactada. Lo que no terminan de entender los obtusos autócratas, es que al convertirse en ley de la nación, todos los ciudadanos, sin distingo de posición política estamos obligados no solo a acatarla sino a defenderla y, más aun, a exigir su cumplimiento; y así lo entendemos y en ese sentido actuamos.
Es por ello que, consciente de la incomprensión de nuestra posición como gente apegada al Estado de derecho forjado a través de todo un proceso de lucha por la forja y establecimiento de la verdadera patria, nos atrevemos a plantear lo que hoy es el clamor de la inmensa mayoría de los venezolanos, como es el de la necesidad del retorno a la institucionalidad, que parte del estricto respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Pero como sabemos que no es con la actual Asamblea Nacional que lo lograremos, nuestra exigencia y clamor está dirigido a quienes conformarán mayoría en el poder legislativo que resultará de las venideras elecciones del 6D; y la primera tarea en tal sentido deberá ser precisamente esa: obligar al Ejecutivo a cumplir esa Constitución tan violada, pese a su corta edad.
Será preciso, en función del respeto y la salud mental de los venezolanos, hacer cumplir, de entrada los artículos de la Constitución que consagran el derecho a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes (Art.58); a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación (Art.60); a dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público sobre los asuntos que sean de su competencia de estas y obtener oportuna respuesta, entre muchas otras que tienen relación directa con la necesidad de la población de ser objetivamente informados sobre la conducción y destino del país.
Porque no cuadran con esta necesidad, las atropellantes y abusivas actuaciones de un régimen que niega a la población su derecho a recibir información cierta sobre los asuntos de su vital importancia, como conocer el manejo y destino de los recursos de la hacienda pública nacional; sobre las soluciones exigidas por un pueblo al que se le ha arrebatado inconsultamente su nivel de calidad de vida, traducida en la imposibilidad de acceder a una adecuada alimentación y provisión de los productos y bienes esenciales para la vida y desempeño humano; mientras se le obliga a tragarse contenidos engañosos que pintan un país completamente distinto al que sufrimos, mediante costosas campañas publicitarias y largas y burlonas cadenas a través de los medios de comunicación, que interrumpen sus programaciones habituales causándoles daños económicos por la interrupción de la programación regular en la que debe invertirse cuantiosos recursos en su producción, y de paso nos privan de nuestros programas favoritos. No señor, porque una cosa es nuestro derecho a estar informados y otra la de ser bombardeados de propaganda, entre los dos conceptos existe una enorme diferencia.
No puede ser que pese al monopolio de medios de comunicación comprometidos y comprados de distintas maneras, nos obliguen a calarnos peroratas con chistes de tan pésimo gusto y ofensivos contenidos, de los cuales tenemos que huir por elemental sentido de higiene mental. En este sentido, aspiramos que la nueva Asamblea pueda contar con la suficiente fuerza del voto que permita, en primer lugar, hacer válido el derecho que tenemos todos los venezolanos a hacer uso de esos medios de comunicación del Estado, hoy secuestrado por el grupito de malandros que los utilizan para denigrar de todos a quienes les de su gana, así como hacer respetar el derecho a un ejercicio libre del periodismo y de la empresa periodística, que hoy somete a tres de sus más importantes directivos a una caprichosa persecución judicial sin precedentes; así como permitir el derecho a réplica a través del mismo medio; y también, muy importante, establecer la debida regulación de uso que impida su irracional e ilegal utilización para fines de propaganda partidista por parte de los actuales “dueños del poder”.
En manos de todos los venezolanos está emprender el retorno de la institucionalidad secuestrada, que debe comenzar por la Asamblea, y transitar el dificultoso camino de alcanzar la verdadera paz social y el acceso a la alimentación y a la salud de todos los venezolanos. Recordemos: el voto representa nuestra única arma para regresar a la felicidad que hoy nos arrebatan.
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