La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) de Ecuador intimó a Fundamedios “a cumplir con la normativa jurídica vigente y con las normas de su propio estatuto” al considerar que sus “alertas, mensajes y ensayos” evidencian “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización social”. Por eso, amenaza con disolverla.Reseñó Infobae
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) es una organización de la sociedad civil creada en 2007 cuya tarea principal es el apoyo a medios de comunicación y periodistas a través de su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión y así como asociación, proyectos, capacitaciones, talleres destinados a la reflexión en torno al oficio periodístico.
César Ricaurte, su director ejecutivo, explicó que desde 2007 la organización difunde alertas, un mecanismo que usan las organizaciones de DDHH en todo el mundo para denunciar violaciones a los derechos humanos. “Lo hemos hecho con absoluta rigurosidad, verificando la información. Hemos emitido más de 1.000 alertas”, afirmó. Y agregó: “Lo seguiremos haciendo en defensa de la libertad de expresión”.
Ahora, la Secom acusa a Fundamedios de haberse “desviado claramente de sus fines estatutarios”. Y en el oficio enviado a la ONG, se citan las causales de disolución establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 16 para amenazarlos por su “clara intención de erigirse como un actor político que busca generar suspicacias en la opinión pública sobre temas que no son de su competencia”. Se ordena, además, cumplir con “la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, como expresamente lo dispone (…) su estatuto vigente”.
La ONG advierte que la constitucionalidad del artículo 26 de ese decreto ha sido cuestionada por varias organizaciones de la sociedad civil.
Fundamedios rechazó las acusaciones, que calificó de infundadas. “Reivindicamos que nuestro trabajo de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión es legítimo, legal y necesario para el país y no tiene ningún elemento extraño a las tareas que cumple cualquier organización con los objetivos que tiene la nuestra. Seguiremos cumpliendo con nuestras tareas institucionales con convicción y firmeza”, asegura la organización en un comunicado.