Quienes siguen mis columnas semanales de opinión en La Patilla y El Nacional saben que no soy de verbo complaciente, pues como venezolano me duele mi país. Dado que mi práctica profesional se orienta a las relaciones de trabajo, permanentemente estudio, analizo y sobretodo cuestiono con severidad las políticas laborales y de seguridad social en Venezuela.
Respecto de lo ocurrido ayer, no estoy satisfecho con que un acto solemne en el cual el Ejecutivo Nacional debe rendir cuentas ante el Poder Legislativo respecto de su gestión del año que acaba de concluir, termine distorsionándose en una serie de anuncios económicos que en realidad tienen como propósito hacerse de los titulares de los principales medios de comunicación, encubriendo el objeto principal de aquella visita.
Con todo el respeto señor Presidente, la verdad es que el artículo 237 de la Constitución vigente es meridiano al afirmar que el motivo de su presencia en la Asamblea Nacional es transmitir “un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior” y no de lo que promete hacer en el año que apenas comienza.
Escurrir el bulto de la responsabilidad por el fracaso económico en nada contribuye a solucionar los graves problemas que tenemos en el país. Es insensato afirmar que el modelo de la “justa distribución de riqueza” (implementado por quienes regentan) goza de fortaleza. El propio ponente se contradice cuando apenas minutos después reconoce que Venezuela cerró el año con casi tres puntos porcentuales de contracción económica y una inflación del sesenta y cinco por ciento ¿qué fuerza puede haber en la estanflación?
No nos llamemos a engaños: veintiocho ajustes de salario mínimo son prueba fehaciente de la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores a causa de la inflación, no un logro laboral. Los habitantes del país no deseamos controles para administrar la escasez, sino medidas de estímulo para producción, pues si algún billete devaluado queda en la cartera no es por exceso de ingresos, sino por falta de productos.
Con la venia de los lectores, quisiera exponer más contradicciones de la política salarial del presidente obrero. Primero: ante la pronunciada caída de los precios del crudo, Nicolás Maduro dijo públicamente el día veintiocho de noviembre de 2014, que había que recortar el presupuesto nacional. Incluso ordenó “hacer una revisión de los sueldos y salarios de toda la plana mayor de Ministerios, empresas del Estado empezando por el Presiente de la República” pidiendo además que le hicieran “una propuesta de reducción sustancial”. Luego de ello, se discutió y aprobó el presupuesto nacional para 2015, en el cual no se contempló expresamente ningún ajuste del salario mínimo, al tiempo que se estimó el ingreso petrolero a un promedio por barril superior al precio actual de mercado.
El silencio ocupó la Asamblea Nacional cuando en el desenlace del discurso, se comenzaron a revelar “anuncios económicos”, entre ellos un imprevisto e inconsulto incremento del salario mínimo nacional (a menos de dos meses del ajuste anterior). Queda claro que el populismo pudo más que la concertación social y poco importa el bolsillo de las pocas empresas privadas que aun sobreviven en el país, pues el régimen resuelve aquello a punta de créditos adicionales y de inyección de dinero inorgánico en la economía. Por lo tanto, la inflación no tardará en pulverizar los omnipotentes veinticuatro Bolívares diarios de aumento que acaban de decretarse. Parafraseando la nueva política económico-religiosa nacional, supongo que cuando el Estado reduzca su aparato burocrático y las empresas privadas terminen de quebrar, “Dios proveerá” el salario mínimo.