La estadounidense Clorox anunció que tras la “ocupación temporal” de sus dos plantas en Venezuela por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, espera una “pronta” y “adecuada” compensación, señala un comunicado al que tuvo acceso la AFP este sábado.
“Clorox Venezuela está dispuesta a participar en conversaciones con el gobierno venezolano para una compensación pronta, adecuada y efectiva”, refiere la nota de prensa de la compañía que fabrica productos de limpieza y cuya sede central es Oakland, California.
La noche del viernes, el vicepresidente Jorge Arreaza informó por el canal estatal VTV sobre la “ocupación temporal” de las dos instalaciones de la empresa en Venezuela, acompañado por un puñado de trabajadores que apoyaron la medida bajo la consigna “¡Chávez vive, la lucha sigue!”.
La estadounidense Clorox, que inició sus operaciones en Venezuela en 1990, explicó el pasado lunes su salida del mercado venezolano dadas las “restricciones operativas” y la “incertidumbre económica”.
“Durante casi tres años, Clorox Venezuela debió vender más de dos tercios de su producción a precios congelados por el gobierno de Venezuela“, reiteró este sábado. “Como resultado, Clorox Venezuela ha vendido sus productos a pérdida, lo que ha generado pérdidas operativas”, agregó.
En los últimos ocho años, el gobierno venezolano ha intervenido empresas privadas como parte de una política estatal para recuperar tierras o sectores que consideraba improductivos o que especulaban con su actividad.
Paralelamente, ha promovido el control de precios en los productos de la cesta básica y paralelamente promulgó una ley de “precios justos” que establece un tope máximo de ganancias del 30%.
Esta legislación ha sido criticada por el empresariado que la califica de “inconstitucional” y considera que agravará la crisis del país sudamericano que vive una inflación interanual de 63,4% -la más alta de la región- y la escasez de uno de cada cuatro productos en los anaqueles, reseño AFP.
¿Ocupación temporal?
La agencia EFE destacó más temprano que el Gobierno de Venezuela informó hoy de que ocupó las instalaciones de la fabricante estadounidense de productos de limpieza Clorox y que reanudó la producción, después de que esta puso fin a sus actividades por “restricciones operativas”.
El Ministerio de Información y Comunicación dijo en su página web que se trata de una “ocupación temporal” y que los trabajadores de la empresa ya reiniciaron sus operaciones “luego que sus dueños decidieran cerrar sus puertas sin previo aviso”.
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó, según la nota ministerial, que Clorox ahora es una fábrica “liberada por sus trabajadores”, quienes “el día lunes cuando llegaron a cumplir con sus labores la encontraron cerrada”.
The Clorox Company informó el mismo lunes en su sede en Oakland (California, EE.UU.) que abandonaba Venezuela por las “restricciones operativas” impuestas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la “incertidumbre económica” y las “interrupciones de suministros” en el país suramericano.
En la nota informativa, la compañía aseguró que durante casi tres años se vio obligada a vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el Gobierno, lo que provocó “grandes incrementos en los costos de producción” y “constantes pérdidas operativas”.
El presidente de la empresa en Venezuela, Oscar Ledezma, según el vicepresidente venezolano, hizo que cada uno de los 474 trabajadores recibiera un mensaje de voz “en el que les dijo: nos vamos de Venezuela, ya les depositamos su liquidación en una cuenta, aunque ustedes no quieran, ya la fábrica no va a trabajar más”.
“Estas familias (…) de un día para otro perdieron sus empleos porque a unos empresarios les dio la gana” e “hicieron caso omiso” a una disposición del Ministerio del Trabajo que les ordenaba “la reactivación de las actividades”, agregó el vicepresidente.
Arreaza aseguró que las autoridades venezolanas únicamente consiguieron comunicarse “con un representante de ellos en Argentina a través de una vídeo conferencia” porque los representantes en Venezuela “ya se fueron del país”.
“Vamos a hablar con las empresas de distribución, de etiquetado (…) y que el sector químico de Venezuela nos apoye y le diga claramente a empresarios como estos que esta actitud que violenta los derechos del pueblo es inviable en la República Bolivariana de Venezuela y en la economía socialista que estamos construyendo”, remarcó Arreaza, según la nota del Ministerio de Información.
Advirtió, además, que el Gobierno “abrirá una investigación sobre este caso para que caiga el peso de la ley sobre quienes han cometido este crimen contra casi 474 trabajadores y trabajadoras”.