La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ordenó el miércoles el arresto del ex embajador ante las Naciones Unidas Diego Arria y del empresario venezolano radicado en Washington Pedro Mario Burelli, tras vincularlos con un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro develado por el régimen.
La orden, también emitida contra el dirigente venezolano Ricardo Koesling, fue calificada por los acusados como un nuevo ejemplo de cómo el régimen de Maduro hace uso de la justicia como herramienta de persecución política, empleando en ésta ocasión “correos electrónicos forjados” de la diputada María Corina Machado que hacen mención de la presunta conspiración.
“Esto es absurdo”, dijo Arria en declaraciones desde República Dominicana.
“A quién se le ocurre que pueda haber un magnicidio sin militares, sin recursos. Aquí no aparece ningún militar, aquí no hay nada sino esta presunta comunicación cruzada de correos electrónicos falsos, donde a mí me copian”, sostuvo.
Ortega, en una entrevista concedida a la estatal Venezolana de Televisión, dijo que había ordenado los arrestos porque los implicados no se habían presentado a la Fiscalía para brindar testimonio en el marco de las averiguaciones del presunto plan de magnicidio contra Maduro.
Pero en su declaración, Ortega dejó entrever que los acusados ya son considerados culpables por el régimen.
“Tenemos las pruebas de que estas personas tenían planes para atentar contra la vida del presidente y de altos funcionarios del gobierno”, declaró Ortega, antes de agregar que como las personas implicadas se encuentran fuera del país, serán solicitadas a través de la Interpol.
“Hemos intensificado la investigación y hemos decidido adoptar medida para ponerle un freno a todo esto, no podemos esperar a que ocurran todos los hechos”, sostuvo.
¿Plan de magnicidio o película de ciencia ficción?
El supuesto complot es solo el último de cerca de 70 planes de magnicidio denunciados por el régimen bolivariano desde que llegó al poder bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
En conspiraciones previas denunciadas por el chavismo, agentes de la oposición habrían contratado sicarios colombianos para sus “perversos” planes, habrían comprando una veintena de aviones de guerra en Estados Unidos para operar su fuerza aérea desde Colombia, y funcionarios estadounidenses inocularon el cáncer a Chávez con una jeringa.
En el centro de la actual investigación se encuentra una serie de correos electrónicos presentados recientemente por el alto mando chavista en los que Machado presuntamente habla sobre la necesidad de poner fin al régimen de Maduro.
“Hay que limpiar esta porquería, comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia, cuanto antes mejor”, se indica en uno de los correos electrónicos presentados a la prensa.
“Ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro, y lo demás caerá solo”, se lee más abajo.
Machado —quien fue citada por la Fiscalía para este lunes— desmintió la información a las pocas horas de ser anunciada por los medios de comunicación oficialistas, diciendo que las comunicaciones mostradas “son falsas, fueron creadas y editadas”.
Uno de los presuntos correos iban dirigidos a Burelli, un ex directivo de la estatal Petróleos de Venezuela, que mantiene contacto con personas de influencia en Washington.
Burelli dijo que los correos son forjados y que está trabajando con sus abogados para demostrarlo, en declaraciones brindadas a un periódico venezolano.
Leer nota completa en El Nuevo Herald