Los resultados anunciados anoche por el CNE no dejan lugar a duda: son ilegítimos.
La Mesa de la Unidad Democrática y su candidato Henrique Capriles decidieron competir en las elecciones a pesar del enorme desequilibrio en las condiciones, concientes de que el proceso estaría plagado de irregularidades y dispuestos a denunciar y a luchar contra el ventajismo descarado del régimen, acompañados por una enorme cantidad de personas comprometidas activamente con la campaña.
Durante el proceso hubo abusos graves y sistemáticos, cometidos por el régimen y las instituciones bajo su control, como el uso de los recursos del estado, no sólo para realizar una campaña electoral violatoria de numerosas reglas con la complicidad del árbitro, sino para amedrentar y chantajear a los electores, con amenazas abiertas y con coacción descarada.
Sin embargo, las violaciones que afectaron la validez del proceso de forma más determinante, son aquellas que ocurrieron el mismo día de las elecciones, ya que afectaron directamente el carácter libre y democrático de las mismas y su resultado.
Algunas de las irregularidades realizadas el día de las elecciones, alcanzaron niveles tales que se constituyen en delito electoral de carácter penal y que incidieron en el reducido margen de diferencia.
Las pruebas de más de 3.200 violaciones, irregularidades o incidencias, ocurridas el mismo día de las elecciones, han sido recopiladas en un voluminoso expediente elaborado por la MUD con denuncias propias, de los Observadores nacionales acreditados y de los mismos ciudadanos. Las mismas suman una lista de delitos electorales, que sin duda constituyen razones suficientes para, ante un resultado tan cerrado, plantearse desconocerlo y pedir un recuento de votos como lo hizo Henrique Capriles a nombre de la MUD.
Bastan pocos ejemplos de las violaciones el día de la votación, desde los más descarados hasta los más solapados; todos ellos de suma gravedad e impacto en los resultados ilegítimos que pretende validar el CNE.
1.- El “remolque” de votantes hacia los centros de votación, utilizando recursos públicos, como vehículos oficiales, lo cual además de delito electoral, es delito de malversación y de corrupción.
2.- Los militantes del régimen violaron abiertamente las normas electorales al forzar el acompañamiento de electores a votar, lo cual debe implicar la anulación de esos votos. Hubo centros, denunciados por los Observadores, donde llegaron a quitar el paraban que protege el secreto del voto.
3.- El acoso por parte de motorizados identificados con el régimen, a los votantes en varios centros electorales, y diversos actos de violencia durante la jornada electoral así como al final de la misma. Como el ataque a la Red de Observadores de la Asamblea Ciudadana, acreditados por el CNE, quienes fueron agredidos en la sede del Instituto de Prevención del Profesorado de la UCV por bandidos armados, entre los cuales fue identificado Kevin Ávila, militante condecorado por el régimen, quien sigue libre después de haber sido denunciado por lanzar, hace unos días, bombas lacrimógenas en el Aula Magna de la UCV, contra la presentación de la actriz Norkys Batista.
4.- El Plan República manejado por militares abiertamente afectos al régimen cometió, según lo denuncian observadores, varios desmanes, cerrando centros de votación, atropellando a electores, hasta metiendo una tanqueta en un centro electoral, destruyendo material electoral y probablemente votos.
5.- El régimen continuó la campaña electoral después que culminó el plazo oficial de la misma, con declaraciones, despliegue de publicidad, caravanas de vehículos, actos proselitistas ilegales y propaganda el mismo día de la votación en centros electorales, hasta el colmo extremo de mantener ese día un cintillo con parte del texto de un mensaje de su campaña “#ChavezTeLoJuro” en la pantalla televisiva de los medios oficiales.
Estas elecciones, a todas luces, no fueron un proceso democrático, limpio ni transparente, por lo tanto el resultado no puede ser legítimo. Ni siquiera intentando verificar la escasa brecha, contando los votos en las cajas; las pruebas ya fueron contaminadas, varias cajas fueron destruidas por los militantes del régimen. Aún auditando las actas y las máquinas, de mantenerse una mínima diferencia de votos a favor del régimen, esa supuesta brecha será dudosa y en buena medida es producto de las irregularidades y de delitos electorales ocurridos el mismo día de la votación, que no pueden quedar impunes.
Ante estos graves hechos que generaron una elección ilegítima, el liderazgo opositor tiene la ardua tarea de recuperar la democracia en Venezuela, y en tal sentido quizás la principal batalla política que deba asumir la MUD sea mantenerse bajo protesta y emprender la lucha por la anulación estas elecciones y la convocatoria a una nueva contienda electoral, con un nuevo árbitro, con la presencia de Observadores internacionales legítimos, y en igualdad y equilibrio de condiciones.
Viene tiempos difíciles, de lucha cívica para salvar la democracia en Venezuela. Transitar con éxito este camino, requiere mucha claridad y presión organizada e inteligente, para hacer insostenible esta situación ilegítima y forzar por la vía política la anulación de este proceso y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, con un nuevo CNE, en las cuales no quedará ninguna duda de quien será el ganador.
Los ciudadanos tendremos un rol clave que jugar con nuestra participación activa y sostenida, sin reacciones improvisadas y sin caer en provocaciones, bajo la conducción del liderazgo democrático, con Henrique Capriles a la cabeza, que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias históricas que le toca enfrentar.
Venezuela volverá a ser ejemplo de lucha por la libertad y la democracia, contra toda tiranía.
Christian Burgazzi: @cburgazzi